Esta iniciativa reemplazará al Reinfo y buscará formalizar a más de 31 mil mineros ilegales. El Poder Ejecutivo presentó este lunes 19 de octubre ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), la nueva normativa que sustituirá al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo vencimiento está fijado para el próximo 31 de diciembre, y establecerá un marco jurídico permanente para la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y promoción de la actividad minera de menor escala en el país. Aprobada en sesión del Consejo de Ministros el martes 13 de octubre, la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas (Minem) contempla un régimen de transición de dos años: desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028, dirigido exclusivamente a los 31.563 operadores inscritos en el REINFO que logren acreditar el cumplimiento de requisitos. La propuesta deja claro que no habrá incorporación automática: cada interesado deberá demostrar su situación legal, ambiental y administrativa para acceder al régimen de consolidación. Quienes no completen el proceso durante ese plazo, quedarán fuera del sistema. La estructura de la nueva Ley MAPE se organiza en dos vías: un régimen ordinario permanente, para nuevos operadores y quienes ya cuenten con autorización definitiva; y un régimen de consolidación excepcional, para quienes vienen del REINFO y necesitan completar trámites pendientes relacionados con derechos de concesión, instrumentos ambientales y autorización de actividades. El objetivo declarado es evitar nuevas prórrogas generales y avanzar hacia una formalización real, no solo administrativa. Uno de los cambios más destacados es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), ente adscrito al Minem que concentrará funciones hoy dispersas: evaluación de impacto ambiental, otorgamiento de acreditaciones, autorización de operaciones, supervisión de seguridad laboral, promoción de tecnologías limpias y sistemas de trazabilidad del mineral. La trazabilidad del oro es otro de los ejes centrales. La norma propone seguir la cadena desde la extracción hasta la comercialización final, incluyendo a transportistas, acopiadores, procesadores y compradores. Se implementarán sistemas digitales y una Casilla Electrónica Única para registrar cada movimiento. La medida busca desterrar la mezcla entre oro legal e ilegal y cerrar espacios a la minería irregular. En materia ambiental, la Ley MAPE reafirma la obligación de cumplir con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, pero establece procedimientos diferenciados acordes con la escala de cada operación. También define con claridad la responsabilidad: quien ejecuta la actividad responde por los daños; si no existe contrato vigente, el titular de la concesión asume responsabilidad solidaria. Estas disposiciones buscan ordenar las relaciones entre propietarios de derechos mineros y productores, y evitar vacíos en la fiscalización. Asimismo, la propuesta contempla medidas de inclusión económica: autoriza al Banco de la Nación a ofrecer servicios financieros a pequeños mineros y artesanales, facilita el acceso a asistencia técnica, promueve la asociatividad y fomenta la adopción de tecnologías más limpias. El proyecto aún debe ser debatido y aprobado por el Congreso antes de fin de año. Si no hay ley antes del 1 de enero de 2027, se generaría un vacío normativo que afectaría a miles de operadores.