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DH

Hallan a bebé recién nacida abandonada entre matorrales cerca del puente Acho

Un hecho que ha causado indignación entre los vecinos del Rímac se registró cerca del puente Acho, donde una bebé recién nacida fue encontrada abandonada entre unos matorrales. Los llantos de la menor alertaron a vecinos y transeúntes, quienes dieron aviso a las autoridades. La bebé fue auxiliada y trasladada al Centro Materno Infantil Rímac, donde recibió atención médica. Según informó Lenny More Huamán, titular de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, la pequeña tendría aproximadamente 24 horas de nacida al momento de ser encontrada. Presentaba hipotermia e hipoglicemia. Los médicos determinaron que la bebé presentaba hipotermia e hipoglicemia, debido a las condiciones en las que fue encontrada y a que no habría recibido alimentación desde su nacimiento. La especialista explicó que la ausencia de leche materna u otro alimento provocó una disminución de sus niveles de glucosa en la sangre. Actualmente, la menor se encuentra estable y bajo el cuidado del personal de salud. Además, representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Fiscalía y la Defensoría acudieron para coordinar las acciones de protección correspondientes. MIMP asume protección de la menor De acuerdo con el MIMP, la bebé fue identificada con el nombre de Milagros Martina y pasará a protección del Estado peruano. La menor permanecerá en observación médica durante al menos 48 horas, mientras se evalúa su evolución y un posible traslado a un establecimiento de mayor complejidad. La Unidad de Protección Especial (UPE) continuará con las acciones necesarias para garantizar su protección integral. Entre las medidas previstas se encuentra su traslado a un Centro de Acogida Residencial o a un programa de acogimiento familiar. Las autoridades también deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar quién dejó a la recién nacida en la vía pública y establecer las responsabilidades del caso.

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PNP desbarata a “Los Malditos del Grit” en SJM: banda sería facción del Tren de Aragua

La Policía Nacional del Perú detuvo en flagrancia a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos del Grit”, organización que, según las autoridades, sería una facción vinculada al Tren de Aragua. La intervención se realizó durante un operativo conjunto entre la Comisaría de Zárate y la Dirección de Inteligencia de la PNP, en inmediaciones de la avenida Salvador Allende, en el distrito de San Juan de Miraflores. La acción policial se produjo luego de que un ciudadano denunciara verbalmente que venía siendo víctima de amenazas y exigencias de pagos periódicos a cambio de no me atentar contra su vida. Incautan arma, dinamita y droga Los intervenidos fueron identificados como Lucio Roberto Jiménez Ochoa, alias “Nino”, de nacionalidad peruana, y Eduar Fernando Duarte Ortiz, alias “Chamo”, de nacionalidad colombiana. Durante el registro personal y vehicular, los agentes encontraron una pistola con número de serie registrado, dos cartuchos de dinamita, dos teléfonos celulares y aproximadamente 100 gramos de marihuana. También fue incautada una motocicleta negra de placa 5096-IC, que, de acuerdo con la información policial, habría sido utilizada por los intervenidos para sus desplazamientos. Los dos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público. Extorsionaban a transportistas y talleres Según la Policía, “Los Malditos del Grit” tendrían como principal modalidad delictiva la extorsión a empresas de transporte formal e informal y propietarios de talleres de mecánica ubicados en la avenida Salvador Allende y zonas aledañas. Las autoridades sostienen que, cuando las víctimas se negaban a pagar las sumas exigidas, los integrantes de la banda recurrían a amenazas y exhibición de armas de fuego para intimidarlas y obligarlas a entregar dinero. Asimismo, la organización estaría involucrada en la comercialización de sustancias ilícitas, actividad que presuntamente serviría para financiar otras acciones delictivas. La Policía continúa con las investigaciones para determinar el grado de participación de los detenidos y establecer sus posibles vínculos con otras organizaciones criminales.

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PNP incauta celulares de lista negra de OSIPTEL con reporte de robados y clonados

Personal de la DIVINCRI PNP San Martín ejecutó un mega operativo orientado a combatir y erradicar la venta ilegal de equipos terminales móviles para fortalecer la seguridad ciudadana, en el cual encontraron teléfonos celulares robados y clonados que se vendían como nuevos en Tarapoto. El operativo se desarrolló de manera simultánea en dos locales dedicados a la reparación de celulares del perímetro del mercado el Huayco Tarapoto, como resultado en uno de estos locales se logró incautar 4 equipos celulares de alta y media gama de diferentes marcas, modelos y colores valorizados en aproximadamente 10,000 Soles. Los equipos incautados estaban como reportados en la lista negra de OSIPTEL, los mismos que fueron trasladados a la DIVINCRI para continuar con las diligencias de Ley. En tanto, el responsable del taller donde se incautó los equipos quedó notificado para presentarse ante las instancias que correspondan cuando sea citado. La Policía Nacional, comunicó sobre las intervenciones a la fiscalía penal de turno de Tarapoto. Dando cuenta además que estos operativos se realizarán de manera constante entre personal policial y otras autoridades comprometidas en combatir este tipo actividades ilícitas, de esta forma fortalecer la seguridad ciudadana.

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Fiscalía solicita 8 años de cárcel para alcalde de Moyobamba al iniciar juicio por presunta corrupción

El Ministerio Público sostiene que Ernesto Peña Robalino habría recibido S/ 20,000 en dos entregas para intervenir en el destrobe de una obra vial. El juicio oral continuará el próximo 31 de agosto. El Ministerio Público solicitó ocho años de pena privativa de la libertad para el alcalde provincial de Moyobamba, Ernesto Peña Robalino, al iniciarse el juicio oral en su contra por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado. El proceso también comprende al empresario Osmar Torres Díaz, acusado por delitos vinculados a presuntos actos de corrupción. La audiencia se inició el jueves 20 de agosto ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Moyobamba, en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Según la tesis fiscal, Peña Robalino habría recibido dos pagos de S/ 10,000 cada uno, que alcanzarían un total de S/ 20,000, con la finalidad de intervenir para facilitar el desarrollo de una obra vial ubicada en el jirón Trujillo. De acuerdo con la acusación, el primer pago se habría realizado el 31 de diciembre de 2022, en la vivienda del entonces alcalde electo, antes de que asumiera oficialmente el cargo. La segunda entrega se habría producido entre el 11 y 13 de enero de 2023, al interior de un vehículo. La Fiscalía sostiene que estos pagos habrían tenido como propósito que Peña Robalino ejerciera influencia sobre funcionarios municipales para destrabar la ejecución de la obra vial. En el mismo proceso, el empresario Osmar Torres Díaz enfrenta acusaciones por cohecho activo genérico, instigación al tráfico de influencias y falsedad genérica. Según el Ministerio Público, habría entregado los presuntos sobornos mediante un intermediario relacionado con el alcalde. Asimismo, la Fiscalía atribuye al empresario la presunta presentación fraudulenta de los currículums de dos ingenieras, quienes no habrían autorizado el uso de sus documentos, con el objetivo de favorecer la participación en la licitación de la obra mencionada. Durante la audiencia fueron expuestos los alegatos iniciales de las partes. Posteriormente, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Moyobamba dispuso la suspensión de la sesión y fijó como nueva fecha el 31 de agosto, cuando está previsto que se inicie el interrogatorio de los peritos y testigos considerados relevantes para el esclarecimiento de los hechos. El caso continuará su curso judicial mientras el Ministerio Público busca acreditar las imputaciones formuladas contra los acusados. La responsabilidad penal de ambos deberá ser determinada por el Poder Judicial mediante una sentencia.

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