La defensa legal del exmandatario presentó un pedido de sobreseimiento, argumentando que no existen pruebas suficientes en su contra y que los hechos atribuidos por la Fiscalía no configuran un delito. Además, planteó una excepción de improcedencia de acción y una cuestión previa, señalando presuntas observaciones en la acusación fiscal. El caso está relacionado con la contratación de Cisneros, conocido como "Richard Swing", mediante órdenes de servicio emitidas por el Ministerio de Cultura, pese a que, según la Fiscalía, no habría cumplido con el perfil requerido para dichas funciones. El pedido fue presentado ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien deberá evaluar los argumentos de las partes durante la etapa intermedia del proceso penal, en la que se determinará si el expediente continúa hacia un eventual juicio oral. Acusación fiscal El Ministerio Público mantiene una acusación contra Vizcarra como presunto autor del delito de negociación incompatible en agravio del Estado y solicita una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa. De manera alternativa, la Fiscalía también planteó una acusación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, por el cual solicitó una pena mayor. Mientras se desarrolla este proceso, Martín Vizcarra permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, cumpliendo una condena de 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, relacionado con los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, cuando fue gobernador regional de Moquegua.