El suboficial de la Policía Nacional del Perú Wilfredo Oscoo Ludeña, investigado por la muerte de Denilson Huaraca Vílchez durante las protestas sociales registradas en Andahuaylas en 2023, solicitó al Poder Judicial que su proceso sea trasladado del fuero ordinario al Fuero Militar Policial. El pedido fue presentado ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y busca que la investigación por el presunto delito de homicidio calificado deje de ser evaluada por la justicia común y pase a la jurisdicción castrense. Según la defensa del efectivo policial, los hechos ocurrieron mientras cumplía funciones durante un estado de emergencia y en el marco de un operativo destinado a desbloquear vías. Bajo ese argumento, sostiene que la actuación del agente debe ser considerada como un posible "delito de función" y, por ello, corresponde que sea evaluada por la justicia militar. La solicitud se ampara en la Ley N.° 32735, recientemente aprobada, que modifica aspectos relacionados con la competencia del fuero militar policial. De acuerdo con la defensa, esta norma permitiría que el caso sea remitido a dicha jurisdicción. El abogado del suboficial pidió al juez que se declare la incompetencia de la justicia ordinaria y se disponga la transferencia del expediente al juzgado penal militar policial correspondiente. El caso se convierte en uno de los primeros pedidos conocidos en los que un integrante de la Policía busca aplicar esta nueva normativa para trasladar una investigación iniciada por hechos ocurridos durante una protesta social. La solicitud ha generado críticas de especialistas en derechos humanos, quienes advierten que los casos relacionados con posibles vulneraciones contra civiles deben permanecer en la justicia ordinaria para garantizar independencia e imparcialidad. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, cuestionó el pedido al considerar que el traslado de este tipo de investigaciones podría afectar el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas. Según Rivera, la discusión se centra en determinar si las acciones realizadas durante un operativo de control del orden público pueden ser consideradas como actos propios de la función policial o si corresponden a hechos que deben ser investigados por la justicia común. Por su parte, especialistas como la excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, señalaron que los organismos internacionales han establecido que las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles no deben ser evaluadas por tribunales militares. Investigación continúa en etapa judicial La muerte de Denilson Huaraca Vílchez ocurrió durante las protestas registradas en Andahuaylas en diciembre de 2022, en medio de la crisis política y social que atravesó el país. El caso fue incluido dentro de las investigaciones por hechos ocurridos durante las movilizaciones. Ahora corresponderá al Poder Judicial evaluar el pedido presentado por la defensa del suboficial y determinar si corresponde aplicar la Ley N.° 32735 para trasladar el proceso al fuero militar o mantener la investigación en la vía ordinaria. Mientras tanto, la Fiscalía y las partes involucradas continuarán presentando sus argumentos dentro del proceso para determinar las responsabilidades que correspondan.