Actual titular de gremio colocó ilegalmente a caviares Walter Albán y Rosa Mavila como segunda instancia en casos de Ética, señalan. Haber cambiado el procedimiento para sancionar las denuncias éticas, le costó a la actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, ser denunciada penalmente por dos de sus antecesores. Los cargos penales son falsedad genérica y ocultamiento de documento. Martín Belaúnde Moreyra y Mario Amoretti Pachas acudieron a la fiscalía de turno en Miraflores. Como se sabe, el CAL tiene el Consejo de Ética para expulsar, suspender o amonestar a agremiados que ejerzan la profesión contra principios deontológicos. La segunda instancia es el Tribunal de Honor. Es allí donde las sanciones se ejecutan o no. Hasta hace unos años, era integrado total o mayoritariamente por exdecanos, en aplicación del Artículo 44 del Estatuto del CAL. Sin embargo, semanas después de haber sido elegida decana, Espinoza designó allí a Mónica Terry Gamarra, Jairo Cieza Mora, Aníbal Sierralta Ríos, Walter Albán y Rosa Mavila. Los dos últimos fueron funcionarios en gobiernos con influencia de ONG izquierdistas, y se habían expresado abiertamente contra los procesos en la Junta Nacional de Justicia que llevaron a la destitución de la actual decana, quien era fiscal suprema. Es decir, se habría dado más importancia a afinidad política y/o ideológica que al cumplimiento del estatuto, y el respecto a las trayectorias no solo de Belaúnde y Amoretti, sino de otros experimentados juristas. Para colmo, la gestión de Espinoza se ha negado a explicar a los juristas las razones de esto. Secretismo "Danila Millones Campos como secretaria general del CAL, se ha negado a proporcionar copia de acta de Junta Directiva en la que se dispone prescindir de los exdecanos como miembros natos del Tribunal de Honor, violando el Estatuto del CAL", agrega la denuncia penal. En ese sentido, la titular del gremio podría no solo ser condenada, sino inhabilitada para su actual cargo. "Quien no respeta nuestro estatuto, menos puede pedir que funcionarios del Poder Legislativo y Ejecutivo respeten la Constitución y la ley", acotan los exdecanos ante el Ministerio Público.