Lima. La elección de las primeras mesas directivas del Congreso bicameral dio paso a una nueva batalla política: la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias, consideradas el principal espacio de elaboración de leyes, control político y fiscalización. Con la mayoría obtenida en la Cámara de Diputados, el bloque conformado por Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno y sus aliados buscará quedarse con las comisiones de Constitución, Economía y Energía y Minas, tres grupos de trabajo clave para impulsar reformas políticas, económicas y vinculadas al sector extractivo. La lista encabezada por Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, obtuvo 74 votos y logró la presidencia de la Cámara Baja, lo que fortalece la posición de este bloque en las negociaciones internas. De acuerdo con las proyecciones basadas en la representación parlamentaria, Fuerza Popular tendría derecho a presidir cinco comisiones en Diputados; Juntos por el Perú, cuatro; el Partido del Buen Gobierno, dos; Renovación Popular, dos; Obras, dos; y Ahora Nación, una. Sin embargo, el punto de conflicto no es la cantidad de comisiones, sino cuáles serán asignadas a cada bancada. Las conversaciones más intensas giran en torno a la Comisión de Constitución y Reglamento y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. También existe interés en controlar Energía y Minas, debido a los proyectos relacionados con minería, hidrocarburos y formalización. En el Senado, el panorama es distinto. Fuerza Popular busca asegurar las presidencias de Constitución y Economía para ejercer un contrapeso frente a las iniciativas que apruebe la Cámara de Diputados. La Cámara Alta contará con siete comisiones ordinarias, entre ellas Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Productivo y Gestión del Estado. La Comisión de Presupuesto tendrá un tratamiento especial, pues será la única de carácter bicameral e integrada por senadores y diputados. Según las reglas del nuevo Parlamento, su presidencia deberá recaer inicialmente en un integrante del Senado. El nuevo Congreso presenta un esquema de poder dividido: una Cámara de Diputados con predominio de una coalición opositora de izquierda y centro, y un Senado con fuerzas más equilibradas entre derecha e izquierda. Este diseño podría convertir al Senado en un espacio decisivo para revisar, modificar o frenar proyectos aprobados en la Cámara Baja. Las bancadas aún deben cerrar el acuerdo político y someter el cuadro de comisiones a votación en cada cámara. Por ello, la distribución actual es una proyección basada en la proporcionalidad parlamentaria y en las preferencias expresadas por los partidos, mas no una asignación oficial definitiva. La definición de las comisiones de Constitución, Economía, Energía y Minas, Justicia y Educación será determinante para conocer qué bloques políticos tendrán mayor capacidad de impulsar reformas, controlar al Ejecutivo y marcar la agenda legislativa del primer año del nuevo Parlamento bicameral.