El Ejecutivo plantearía reducir plazos, flexibilizar evaluaciones y aplicar el silencio administrativo positivo en materia ambiental para destrabar inversiones. Especialistas advierten que estas medidas podrían debilitar controles, afectar áreas protegidas y generar nuevos conflictos con comunidades indígenas. El borrador del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo de Keiko Fujimori prepara para enviar al Congreso encendió las alarmas entre especialistas ambientales. Entre otros temas, la propuesta plantea cambios que, bajo el argumento de destrabar inversiones, podrían reducir controles, flexibilizar evaluaciones y debilitar salvaguardas para áreas naturales protegidas, territorios indígenas y ecosistemas estratégicos. Aunque el documento aún no es definitivo y podría modificarse antes de llegar al Parlamento, el capítulo ambiental propone otorgar al Ejecutivo facultades para modificar reglas sobre certificación ambiental, reducir plazos, simplificar procedimientos, aplicar el silencio administrativo positivo y revisar las restricciones para actividades económicas dentro de áreas naturales protegidas. Para los especialistas consultados por La República, el riesgo es que estas medidas repitan una tendencia de flexibilización iniciada en años anteriores y que termine priorizando la rapidez de los proyectos sobre la prevención de impactos ambientales. José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, sostiene que la propuesta no plantea un verdadero equilibrio entre inversión y protección ambiental. "Inclina la balanza para que supuestamente las inversiones fluyan", afirmó. Según explicó, desde 2013 distintos gobiernos han impulsado cambios bajo el argumento de combatir la "permisología", pero estas reformas terminaron debilitando estándares ambientales y sociales. "El discurso se mantiene y la gran pregunta es hasta dónde se va a seguir desregulando en materia ambiental", señaló. Silencio administrativo: el punto más cuestionado Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la posibilidad de aplicar el silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales. Esta figura permitiría que, ante la falta de respuesta de la autoridad dentro de un plazo establecido, determinadas solicitudes puedan considerarse aprobadas. Para el abogado ambientalista Richard O'Diana, trasladar esta herramienta al ámbito ambiental implica un riesgo porque podría favorecer actividades económicas sin que exista una evaluación suficiente de sus impactos. "El silencio administrativo es una figura válida para simplificar procedimientos, pero en materia ambiental tiene otro cariz porque busca proteger un bien común, que es el medio ambiente".