Las declaraciones juradas presentadas ante las autoridades revelan que varios integrantes del Consejo de Ministros consignaron procesos por lavado de activos, organización criminal, peculado, colusión, cohecho, abuso de autoridad y otros delitos. Uno de los casos más llamativos es el del ministro del Ambiente, quien reportó 51 investigaciones. Las declaraciones juradas de intereses y antecedentes presentadas por los integrantes del gabinete ministerial que encabeza Luis Galarreta muestran que al menos quince ministros consignaron investigaciones fiscales, procesos judiciales o antecedentes vinculados a diversos delitos, entre ellos corrupción, abuso de autoridad, lavado de activos y delitos contra el patrimonio. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reportó dos investigaciones activas por los presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. En su declaración también señaló haber sido investigado anteriormente por fraude electoral y nombramiento ilegal. El ministro del Interior, César Astudillo, informó que mantiene una investigación vigente por presunto peculado y registró además antecedentes por lesiones graves. Otro integrante del gabinete con investigaciones activas es Alberto Beingolea, quien consignó procesos por los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo. En el Ministerio de Justicia, César Álvarez indicó que afronta acusaciones constitucionales en curso, aunque no precisó los hechos concretos relacionados con dichos procedimientos. El canciller Carlos Espá reportó investigaciones por cohecho, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Amillas González, declaró haber sido sentenciado por lesiones culposas y registró antecedentes por falsedad ideológica y estafa. Por su parte, Rafael Belaunde no detalló las investigaciones consignadas en su declaración, aunque sostuvo que uno de los casos se originó por un error del banco BBVA, entidad que posteriormente —según su versión— le remitió una carta de disculpas al reconocer que él fue el agraviado por la falsificación de su firma. En el sector Educación, José Chang informó haber afrontado ocho investigaciones por presuntos delitos relacionados con usurpación de funciones, lavado de activos, delitos contra el patrimonio, tranquilidad pública y asociación ilícita. El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, reportó investigaciones por falsificación de documentos y dos casos por declaraciones falsas. Uno de los registros más extensos corresponde al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, quien declaró 51 investigaciones. Entre ellas figuran nueve por desobediencia y abuso de autoridad, además de procesos por colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto. Aunque varios de los ministros señalaron que algunas investigaciones ya fueron archivadas o concluyeron sin sanción, la información contenida en las declaraciones juradas ha generado cuestionamientos sobre la composición del gabinete y el nivel de antecedentes judiciales reportados por sus integrantes.