El cobro de cupos y las extorsiones vienen afectando cada vez más a las bodegas del país, al punto de que algunos negocios destinan hasta el 20 % de sus ingresos mensuales a gastos de seguridad y pagos a bandas criminales, advirtió el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy. El representante del gremio reconoció que en el mensaje presidencial de Keiko Fujimori se haya puesto énfasis en la lucha contra la inseguridad ciudadana, pero pidió que las autoridades adopten medidas inmediatas frente a este problema que golpea especialmente a los pequeños emprendedores. Choy señaló que la situación se ha agravado porque ya no solo operan grandes organizaciones de extorsión, sino también delincuentes locales que cobran cupos en determinadas zonas. "Tenemos personas dentro de la asociación que a veces tienen que pagar cupo a dos bandas para estar tranquilos", declaró. Asimismo, demandó una coordinación permanente entre la Policía y el Ministerio Público, así como reformas legales que fortalezcan la protección a las víctimas. Indicó que, aunque muchos bodegueros han presentado denuncias, estas no siempre reciben una respuesta efectiva de las autoridades. El dirigente explicó que numerosos negocios han invertido en cámaras de vigilancia, rejas reforzadas y planchas de acero para protegerse, pero sostuvo que estas medidas resultan insuficientes frente al avance de la delincuencia. "Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno recupere el Estado de derecho y que se ponga un alto a esta situación y que las comisarías estén preparadas para atender estas emergencias", añadió. Por otro lado, el director de Mypes Unidas, Daniel Hermoza, destacó que el discurso presidencial también incluyó anuncios de apoyo a las micro y pequeñas empresas. Consideró necesario elaborar un plan de desarrollo y competitividad que permita prevenir problemas y no solo reaccionar ante las crisis. Hermoza resaltó la propuesta de reactivar Promype, programa de apoyo financiero a las mypes, y señaló que el sector necesita un nuevo esquema de promoción, así como políticas tributarias y laborales orientadas a reducir la informalidad. Finalmente, advirtió que factores como los sobrecostos y algunas normas municipales continúan dificultando la formalización de miles de pequeños negocios en el país.