Especialistas y organizaciones advierten que la cifra oficial no refleja la verdadera magnitud del delito debido al subregistro y la falta de coordinación entre instituciones. Piden que la lucha contra la trata de personas sea incorporada como una prioridad de la política de seguridad del nuevo gobierno. El Ministerio Público registró 7,875 casos de trata de personas en el Perú entre enero de 2023 y junio de 2026, lo que equivale a un promedio de 188 casos por mes y alrededor de seis casos diarios, según información oficial del portal estadístico de la institución. La trata de personas es considerada uno de los delitos más graves contra la dignidad humana, ya que las víctimas son captadas, trasladadas y explotadas con fines económicos, ya sea mediante explotación sexual, trabajo forzoso, mendicidad, servidumbre u otras modalidades vinculadas al crimen organizado. De acuerdo con los registros del Ministerio Público, durante el año 2023 se reportaron 1,987 casos; en 2024, 2,284; en 2025, 2,288; y entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 1,316 denuncias. Estas cifras muestran que el delito se ha mantenido en niveles elevados en los últimos años. Sin embargo, especialistas y organizaciones que trabajan en la lucha contra este delito sostienen que los datos oficiales no reflejan la verdadera dimensión del problema, debido a que muchas víctimas no denuncian por temor, amenazas, dependencia económica o falta de acceso a mecanismos de protección. Las diferencias entre los registros de distintas instituciones también han generado preocupación. Mientras el Ministerio Público reporta miles de casos, el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior registró 583 casos en 2023, 669 en 2024 y 458 en 2025, una brecha que evidencia problemas de interoperabilidad y coordinación entre los sistemas de información del Estado. La organización CHS Alternativo expresó su preocupación porque, durante el mensaje presidencial de inicio del nuevo gobierno, la trata de personas no fue mencionada entre las prioridades de seguridad ciudadana, pese a que es considerada una de las manifestaciones más graves del crimen organizado. Su director ejecutivo, Ricardo Valdés, señaló que este delito forma parte de las economías ilegales y requiere una estrategia integral que combine inteligencia, tecnología, prevención, persecución penal y protección efectiva de las víctimas. Aunque las medidas anunciadas por el Ejecutivo para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal podrían contribuir indirectamente a enfrentar la trata de personas, la organización considera necesario implementar acciones específicas orientadas a la prevención, la atención integral de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones responsables de investigar y sancionar estos casos.