La captura de HAMILTON CAHUAZA PEAS reabre el debate sobre la crisis del sistema de justicia penal y el vencimiento de las prisiones preventivas en el Perú. Rioja, San Martín. La muerte del Suboficial de Segunda de la Policía Nacional del Perú Denis Bryan Chávez Córdova, el fallecimiento de un ciudadano y las lesiones sufridas por otros tres efectivos policiales durante el ataque armado ocurrido en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo, distrito de Awajún, han conmocionado a toda la región San Martín y al Perú. Sin embargo, detrás de esta tragedia existe un hecho que merece una profunda reflexión: el principal investigado no era un desconocido para el sistema de justicia peruano. HAMILTON CAHUAZA PEAS ya había sido condenado anteriormente por un delito grave y, además, afrontaba un proceso penal por otro presunto homicidio, respecto del cual el Ministerio Público ya había formulado acusación solicitando una severa pena privativa de libertad. Pese a ello, recuperó su libertad al vencer el plazo legal de la prisión preventiva sin que el proceso hubiera concluido con una sentencia. Una condena penal que ya figuraba en los registros judiciales De acuerdo con el Certificado Judicial de Antecedentes Penales, Hamilton Cahuaza Peas registra una sentencia condenatoria de ocho (08) años de pena privativa de libertad por el delito de robo agravado, correspondiente al Expediente N° 0252-2012, tramitado ante el Juzgado Penal de Nueva Cajamarca. Este antecedente demuestra que el investigado ya había sido condenado por un delito de alta gravedad antes de los hechos que hoy vuelven a colocar su nombre en el centro de la atención pública. Fiscalía ya había solicitado 15 años de prisión por otro homicidio La revisión del Requerimiento de Acusación del Ministerio Público evidencia que Hamilton Cahuaza Peas venía siendo procesado por el presunto delito de homicidio en agravio de Eladio Fernández Pérez, quien perdió la vida el 7 de septiembre de 2024 en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo. La investigación fue desarrollada dentro de la Carpeta Fiscal N° 353-2024, a cargo del fiscal Juan José Urbina Peñaherrera, y el proceso se tramita ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Nueva Cajamarca, bajo el Expediente N° 732-2024-2207-JR-PE-01. En dicho requerimiento, el Ministerio Público sostiene que existen suficientes elementos de convicción para llevar el caso a juicio oral y solicita que el acusado sea condenado a: Quince (15) años de pena privativa de libertad. Pago de S/ 5,000.00 por concepto de reparación civil. Asimismo, la acusación fiscal detalla diversos elementos probatorios recabados durante la investigación, entre ellos actas de intervención policial, inspecciones técnico-policiales, pericias balísticas, necropsia médico legal, declaraciones testimoniales y otras diligencias practicadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Recuperó su libertad por vencimiento del plazo de prisión preventiva Pese a la gravedad de la imputación formulada por la Fiscalía y a que el proceso ya se encontraba judicializado, Hamilton Cahuaza Peas recuperó su libertad debido al vencimiento del plazo legal de la prisión preventiva, al no haberse emitido una sentencia dentro del tiempo permitido por la ley, según la información proporcionada por la defensa y la documentación del caso. Jurídicamente, la prisión preventiva constituye una medida cautelar excepcional y temporal, cuyo plazo no puede extenderse indefinidamente. Cuando dicho plazo vence sin que exista una sentencia o una medida que legalmente permita mantener la restricción de la libertad, el juez debe disponer la excarcelación del investigado. ¿Una falla del sistema de justicia? Este nuevo episodio de violencia ha reabierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal peruano. Resulta inevitable preguntarse cómo una persona con una condena previa por robo agravado y sometida a un proceso por un presunto homicidio, respecto del cual el Ministerio Público ya había formulado acusación solicitando quince años de prisión, terminó recuperando su libertad antes de que culminara el proceso penal. Más allá de la responsabilidad individual que eventualmente pueda establecerse respecto de los hechos ocurridos en Awajún, este caso pone de manifiesto un problema estructural: la excesiva duración de los procesos penales y el vencimiento de medidas coercitivas sin que exista una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los acusados. La prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada, pero tampoco resulta saludable para el sistema que investigaciones por delitos graves se prolonguen hasta el punto de que los plazos legales obliguen a dejar en libertad a personas acusadas de hechos de extrema violencia. Una crisis institucional que exige respuestas El caso de Hamilton Cahuaza Peas refleja una problemática que se repite con frecuencia en distintos distritos judiciales del país: investigaciones complejas, audiencias postergadas, sobrecarga procesal y juicios que no concluyen dentro de los plazos establecidos por la ley. Las consecuencias de esas demoras no solo afectan a las víctimas y sus familias, sino también a la seguridad ciudadana y a la confianza pública en las instituciones encargadas de combatir el crimen. La ciudadanía espera que este lamentable suceso sirva para impulsar reformas que fortalezcan al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional, dotándolos de mayores recursos humanos, tecnológicos y logísticos para que los procesos por delitos graves concluyan oportunamente y las decisiones judiciales lleguen antes de que las medidas cautelares expiren por el simple transcurso del tiempo. La muerte de un efectivo policial en cumplimiento de su deber, la pérdida de otra vida humana y las lesiones sufridas por tres agentes del orden constituyen una tragedia que no solo debe investigarse y sancionarse conforme a ley, sino también convertirse en un punto de inflexión para revisar el funcionamiento del sistema de justicia penal en el Perú. Documentos que respaldan esta investigación Certificado Judicial de Antecedentes Penales: registra una condena de ocho años por robo agravado. Requerimiento de Acusación Fiscal (Carpeta Fiscal N.° 353-2024): solicita 15 años de prisión y S/ 5,000 de reparación civil por el presunto homicidio de Eladio Fernández Pérez. Nota editorial: En esta publicación se ha respetado la presunción de inocencia respecto del reciente ataque ocurrido en Awajún. Las referencias al proceso por el homicidio de Eladio Fernández Pérez y a la condena por robo agravado se sustentan en documentos judiciales y fiscales incorporados a esta investigación.