Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ejecutaron un operativo conjunto contra la minería ilegal en Madre de Dios, logrando neutralizar bienes y equipos valorizados en más de 26 millones de soles, además de afectar la capacidad logística de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas en la Amazonía peruana. La intervención, desarrollada mediante acciones helitransportadas y terrestres, permitió destruir infraestructura, maquinaria y otros elementos empleados para la extracción ilegal de minerales y la afectación de ecosistemas en diferentes zonas de la región. El operativo se realizó el 28 de julio en los sectores de Nueva Arequipa, Valle Dorado, Isla Córdova y Azul, áreas donde se identificó la presencia de actividades vinculadas a la minería ilegal. La acción estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, con participación de personal militar de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y efectivos policiales especializados. Durante la operación de interdicción, las fuerzas del orden intervinieron campamentos y puntos utilizados para las actividades extractivas ilegales, procediendo a la destrucción de equipos e instalaciones que permitían la continuidad de estas operaciones. Según el reporte oficial, el valor estimado de los bienes afectados asciende a S/ 26 770 912, monto que representa una importante afectación económica a las organizaciones criminales que operan en esta zona del país. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan recuperar el control territorial en sectores vulnerables de la Amazonía y reducir el impacto de actividades ilegales que generan daños ambientales, especialmente por la degradación de bosques y la contaminación de fuentes de agua. La operación forma parte de los esfuerzos coordinados entre las instituciones del Estado para combatir la minería ilegal y otras economías ilícitas que afectan la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la región Madre de Dios. Las investigaciones continuarán bajo la supervisión del Ministerio Público para determinar responsabilidades y establecer la situación legal de los involucrados en las actividades intervenidas.