Una mujer denunció ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nueva Cajamarca a la abogada Zadith Ángeles Guevara por el presunto delito de tráfico de influencias, tras acusarla de exigirle S/ 70 mil con la promesa de obtener un fallo favorable en un recurso de casación mediante supuestos contactos en la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la denuncia presentada por Melizza Tarrillo Milián, la letrada le aseguró que mantenía vínculos con magistrados de la Corte Suprema e incluso mencionó el nombre de un alto juez de apellido Iván, afirmando que podía intervenir para garantizar una resolución favorable en el proceso judicial que seguía la agraviada. Según la denunciante, para reunir el dinero solicitado, ella y su familia tuvieron que gestionar un préstamo bancario que actualmente pagan en cuotas mensuales de S/ 1,500. Indicó que los recursos provenían del trabajo familiar dedicado a la crianza y comercialización de cuyes, actividad con la que solventan su economía. La agraviada sostuvo que realizó diversas entregas de dinero y transferencias bancarias bajo el compromiso de la abogada de que el monto sería devuelto en su totalidad si el trámite judicial no obtenía los resultados prometidos. Sin embargo, tras el retorno de la letrada de un viaje a Lima, esta le comunicó que el recurso de casación había sido rechazado y que el expediente regresaría a la secretaría de la Sala Suprema sin una decisión favorable. Al solicitar la devolución del dinero, la denunciante afirmó que recibió una respuesta negativa. Ante esta situación, Melizza Tarrillo Milián presentó una denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nueva Cajamarca, donde se abrió la Carpeta Fiscal N.º 2806104502-2026-974-0 por el presunto delito de tráfico de influencias. Como parte de los elementos entregados al Ministerio Público, la denunciante presentó audios de conversaciones que, según sostiene, respaldan su versión de los hechos, además de la documentación correspondiente al proceso fiscal. El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar y será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen elementos suficientes para formalizar una investigación preparatoria y establecer las responsabilidades que correspondan, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de la persona denunciada.