Megaoperativo ejecutado por la Diviac y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada permitió la captura de 12 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Lecheros del Puerto”. Entre los detenidos figuran un exfiscal ambiental y dos efectivos policiales, investigados por presuntamente brindar protección al tráfico ilegal de combustible destinado a la minería ilegal en Madre de Dios. Un contundente operativo contra el crimen organizado permitió la captura de un exfiscal especializado en materia ambiental, dos efectivos de la Policía Nacional y otros presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al abastecimiento de combustible para actividades de minería ilegal en la Amazonía peruana. La intervención fue ejecutada por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Madre de Dios, en cumplimiento de una orden de detención preliminar por 15 días dictada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata contra 27 investigados. Entre los detenidos figura el exfiscal especializado en materia ambiental Carlos Alberto Chirre Ramírez, quien recientemente había sido designado en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali y fue intervenido en una vivienda ubicada en el distrito de Callería, en Pucallpa. También fue detenido el suboficial brigadier de la Policía Nacional Iván Armando Huamán Ruiz, además de otro efectivo policial y varios civiles presuntamente vinculados a la organización criminal denominada “Los Lecheros del Puerto”, que operaría entre las regiones de Madre de Dios, Puno y Ucayali. Presunta red de abastecimiento para minería ilegal De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la organización criminal habría operado desde el año 2023, estructurando una red destinada a desviar grandes cantidades de combustible hacia campamentos de minería ilegal ubicados en Madre de Dios. Las investigaciones señalan que el combustible era adquirido de manera formal mediante empresas y estaciones de servicio, pero posteriormente era desviado de forma clandestina hacia almacenes instalados en la localidad de Lechemayo, en la región Puno. Desde ese punto era redistribuido en bidones y transportado por vía terrestre y fluvial hacia distintos centros de explotación minera ilegal, utilizando incluso puertos clandestinos y embarcaciones para evitar los controles policiales. Según la tesis fiscal, algunos integrantes cumplían funciones de proveedores, transportistas, distribuidores y almacenistas, mientras que otros presuntamente brindaban protección e información privilegiada sobre operativos de fiscalización. Exfiscal y policías bajo investigación El Ministerio Público sostiene que el exfiscal Carlos Chirre Ramírez habría facilitado información relacionada con intervenciones y acciones de control desarrolladas por las autoridades ambientales y policiales, permitiendo que la organización adoptara medidas para evitar ser detectada. Por su parte, el suboficial Iván Huamán Ruiz es investigado por presuntamente utilizar su condición de policía para brindar cobertura institucional y facilitar el traslado de cargamentos vinculados con las actividades ilícitas. Las autoridades precisaron que estas imputaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser corroboradas durante el desarrollo de las investigaciones, respetándose el principio constitucional de presunción de inocencia. Millonaria incautación Como resultado del megaoperativo, ejecutado de manera simultánea en Pucallpa, Mazuko y otras localidades de Madre de Dios y Puno, las autoridades realizaron 35 allanamientos, lograron la captura de 12 presuntos integrantes de la organización criminal e incautaron más de S/ 1.9 millones en efectivo, además de armamento, vehículos, equipos de comunicación y abundante documentación considerada de interés para las investigaciones. La Policía Nacional calificó la intervención como uno de los golpes más importantes contra las economías ilícitas vinculadas a la minería ilegal en el país, debido al nivel de organización de la presunta red y a la participación de funcionarios que habrían facilitado sus operaciones. Las diligencias continúan bajo la conducción de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, que busca capturar al resto de investigados y esclarecer el grado de participación de cada uno de los implicados en esta presunta organización criminal.