El Poder Judicial ordenó el internamiento preventivo del exmagistrado José Alberto Tinco Luján y de su esposa, investigados por presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad y tráfico de influencias. La Fiscalía sostiene que ambos habrían integrado una red que realizaba contrataciones irregulares y ejercía presiones sobre jueces y personal judicial. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, y su esposa, la abogada Elionora Yntusca Janampa, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad y tráfico de influencias en agravio del Estado. La medida fue dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien acogió el requerimiento presentado por el Ministerio Público tras evaluar los elementos de convicción y los presupuestos procesales expuestos durante la audiencia pública. Según la resolución judicial, ambos investigados deberán permanecer recluidos mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer su presunta participación en una organización que habría operado al interior del sistema de justicia. Fiscalía advierte riesgo de obstaculización Durante la audiencia, el fiscal supremo Iván Melgar Cáceres, representante de la Primera Fiscalía Suprema, sostuvo que existía un alto riesgo de obstaculización de la investigación y peligro de fuga, argumentos que sustentaron el pedido de prisión preventiva. De acuerdo con la tesis fiscal, los investigados habrían promovido contrataciones irregulares y exigido pagos económicos a jueces y trabajadores administrativos bajo amenazas de ser removidos de sus cargos. Asimismo, el representante del Ministerio Público señaló que los procesados habrían intentado eludir la acción de la justicia mediante un cambio repentino de domicilio tras conocer que se preparaban las diligencias para su detención. Como parte de las investigaciones, durante los allanamientos las autoridades incautaron pasaportes con visas vigentes para ingresar a Estados Unidos, elemento que, según la Fiscalía, reforzaría el riesgo de fuga. Continúan las investigaciones La prisión preventiva tiene como finalidad garantizar el desarrollo de las investigaciones y evitar que los imputados interfieran en la obtención de pruebas o influyan sobre posibles testigos. El caso forma parte de las acciones que desarrolla el Ministerio Público para investigar presuntos actos de corrupción y redes criminales que habrían operado dentro del sistema de administración de justicia. Las autoridades precisaron que la investigación continuará en los próximos meses para determinar las responsabilidades penales correspondientes, respetándose en todo momento el derecho de defensa y el principio de presunción de inocencia de los investigados hasta que exista una sentencia firme.