El gobierno los presentó como integrantes de la organización criminal Los Guardianes de La Pampa. Incluso la presidenta Keiko Fujimori felicitó al Comando Unificado y a la Policía Nacional por la destacada acción. Pero los intervenidos fueron liberados por una jueza de Madre de Dios por falta de pruebas. El pasado viernes 16 de octubre, una brigada del Comando Especial compuesta por efectivos del Ejército Peruano y la Policía Nacional del Perú, al mando del mayor EP Alejandro Cochachi Villafuerte, ejecutó un operativo helitransportado en las zonas de Aguajal y Aguas Negras, dentro del distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios). La intervención se desplegó tras recibir un informe de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) que alertaba sobre la presencia de Edinson Fernández Pérez, alias ‘Chili’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Guardianes de La Pampa’, presuntamente acompañado por delincuentes fuertemente armados. Durante la incursión, el contingente militar y policial detuvo a 13 personas en el lugar. Las autoridades presentaron el procedimiento como un golpe contundente contra el crimen organizado y la minería ilegal. El jefe de la Segunda Brigada Selva de Protección a la Amazonía, general de brigada EP Manuel Cotrina Pérez, ofreció una conferencia de prensa con el alcance nacional. Posteriormente, la presidenta Keiko Fujimori visitó la sede militar en Tambopata junto a altos mandos policiales y militares para felicitar públicamente las acciones del Comando Unificado en la recuperación del orden regional. No obstante, la narrativa oficial contrastó de forma radical con los hechos judiciales. El domingo 18 de octubre, cuarenta y ocho horas después del operativo, la jueza Joana Cornejo Valderrama, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata, decretó la inmediata liberación de los 13 intervenidos por falta de pruebas sustentatorias, disponiendo que afronten las investigaciones bajo comparecencia. Esta determinación judicial fue omitida en los pronunciamientos de las autoridades durante los actos públicos posteriores. Las investigaciones determinaron que los detenidos no pertenecían a la banda delictiva de alias ‘Chili’. Entre los intervenidos figuraba Victor Quiche, titular de una concesión de 490 hectáreas destinada a la conservación de aguaje. Quiche había denunciado en repetidas ocasiones ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Gerencia Forestal Regional y la Policía Nacional la invasión sistemática de su predio por parte de mineros ilegales equipados con motores de succión de alta potencia. Ante la falta de respuesta estatal, Quiche contrató de forma particular a un equipo integrado por ingenieros, obreros y personal de resguardo para delimitar su propiedad y desalojar a los invasores. El 16 de octubre, mientras la comitiva realizaba la inspección de los linderos, la aeronave militar sobrevoló la zona realizando despistajes e intervino al grupo. Pese a que el concesionario intentó exhibir los títulos de propiedad, contratos y licencias de portación de armas de resguardo, los efectivos procedieron con la detención masiva bajo maltratos físicos y verbales. Al ser consultado por la fallida intervención, el general PNP Michael Flores Alamo admitió que la falta de verificación de los datos de inteligencia propició el error. Por su parte, el general EP Manuel Cotrina justificó la actuación de las fuerzas armadas señalando que operaron en apoyo a la Policía Nacional basándose en una nota informativa general que no precisaba nombres específicos. De este modo, un operativo promocionado por el Poder Ejecutivo como una victoria estratégica contra la delincuencia concluyó con la detención arbitraria de un ciudadano denunciante y su personal de trabajo.