El proyecto de la nueva ley MAPE del Minem plantea un régimen de consolidación hasta 2028 y la creación de FORMAPE, que asumiría funciones de autorización y seguimiento de la trazabilidad del mineral. El exministro Carlos Herrera Descalzi propone fijar plazos por grupos de mineros para verificar avances durante el periodo de formalización. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a la Ley N.° 32537. Ante su vencimiento, el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), presentado por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, propone un régimen de consolidación desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028, dirigido exclusivamente a los inscritos que cumplan las condiciones establecidas. La propuesta busca ordenar la transición hacia un nuevo marco de formalización. En el régimen ordinario, los operadores deberán contar con autorización sectorial y certificación ambiental antes de iniciar o reiniciar actividades. Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el periodo transitorio también debe contemplar medidas que permitan comprobar avances antes de la fecha límite. “Mi idea de un plazo así no es decir, bueno, tienen hasta el 31 de diciembre del 2028 y esperar que el 31 de diciembre del 2028 y nadie haya hecho nada”, sostuvo a La República. Con esa advertencia, planteó distribuir el cumplimiento de los requisitos por grupos de mineros, con fechas intermedias durante los dos años previstos. Precisó que se trata de una recomendación personal y que esa propuesta no fue discutida en la reunión de presentación del proyecto. FORMAPE concentrará funciones de formalización Uno de los cambios institucionales planteados es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem). La entidad tendría entre sus funciones emitir autorizaciones de inicio o reinicio de actividades, evaluar instrumentos de gestión ambiental, otorgar acreditaciones a pequeños productores mineros y mineros artesanales, y administrar sistemas de información y trazabilidad. El proyecto también propone centralizar los procedimientos administrativos mediante una Casilla Electrónica Única y hacer seguimiento al mineral desde su origen hasta su comercialización. La regulación comprendería a titulares de derechos mineros y de actividades de beneficio, así como a acopiadores, transportistas, procesadores y comercializadores.