Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela atraviesan uno de sus momentos más delicados. El expresidente estadounidense Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar el denominado "Cártel de los Soles" y de colaborar con redes criminales y grupos terroristas como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. En ese contexto, Washington ha duplicado la recompensa por la captura de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares. El pasado 19 de agosto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que EE. UU. está dispuesto a emplear “todo su poder” para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y capturar a los responsables. Esta declaración coincidió con el despliegue de aproximadamente 4.000 efectivos militares y tres destructores de misiles guiados (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson) en el mar Caribe. En respuesta, el gobierno venezolano tildó la maniobra de "provocación imperialista" y ordenó la movilización de 4,5 millones de milicianos de la Milicia Nacional Bolivariana para "defender la soberanía". Maduro también prohibió el uso de drones, argumentando riesgos para la seguridad nacional, en referencia a un supuesto atentado ocurrido en 2020 durante el mandato de Trump. Las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas desde ese mismo año. Para el internacionalista Francisco Belaúnde, el despliegue actual supera en escala a acciones previas. Explica que se trata de un acto unilateral con componentes militares más amplios, como unidades anfibias y tropas de marines, lo que genera dudas sobre si se trata de una demostración de fuerza o de una real intención de intervención. Trump ha reiterado que el narcotráfico proveniente de América Latina —especialmente el flujo de fentanilo— representa una grave amenaza para las comunidades estadounidenses. Según un reporte de The New York Times, el exmandatario firmó en secreto una orden para permitir al Pentágono ejecutar operaciones militares contra cárteles latinoamericanos. En línea con esta estrategia, EE. UU. ha catalogado como organizaciones terroristas extranjeras al Tren de Aragua, a la MS-13 (de El Salvador) y a seis agrupaciones mexicanas. Esta designación, generalmente reservada para grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, marca un cambio en el enfoque estadounidense sobre el crimen organizado transnacional. Asimismo, el Cártel de los Soles ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una organización vinculada al narcotráfico y liderada, presuntamente, por Nicolás Maduro y miembros de su entorno político y militar. No obstante, Belaúnde aclara que, más que un cártel convencional, se trata de una red de corrupción con participación de funcionarios, militares y cuerpos de seguridad del régimen. Aun así, sostiene que existen indicios suficientes de que figuras clave del chavismo estarían implicadas en actividades de narcotráfico. Aunque una intervención militar directa aún parece improbable, Belaúnde advierte que no se descarta una operación limitada, especialmente si se vincula a la lucha contra el narcotráfico. El tema ha cobrado una dimensión regional. El Senado de Paraguay aprobó una resolución que califica al Cártel de los Soles como organización terrorista, a la espera de la firma del presidente Santiago Peña. Ecuador, por su parte, hizo lo mismo el 15 de agosto, mediante un decreto de Daniel Noboa, quien consideró al grupo como una amenaza directa para el país. El mandatario ordenó a sus servicios de inteligencia investigar la posible presencia del cártel en territorio ecuatoriano y coordinar con organismos internacionales para reforzar el combate contra el crimen organizado.