El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ha comenzado a mostrarse en actividades públicas con claras connotaciones políticas, pese a seguir siendo el gobernador regional de La Libertad. En medio de caravanas, seguidores y banderas de su partido, Acuña reapareció en Piura promoviendo su imagen con miras a las elecciones de 2026. A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial ha compartido videos de sus recorridos, que incluyen mítines y visitas a obras públicas. Especialistas advierten que este tipo de apariciones pueden vulnerar el principio de neutralidad que deben respetar los funcionarios públicos, sobre todo considerando que aún no ha dejado el cargo, algo que debe hacer antes del 13 de octubre si desea postular a la presidencia. Durante su gestión, Acuña ha aprovechado su posición para hacer anuncios sobre proyectos como la construcción del nuevo Hospital Belén en Trujillo, en los que también ha estado presente el ministro de Salud, César Vásquez, quien además es militante de APP. Estas participaciones han sido criticadas por el uso de recursos estatales y la falta de imparcialidad que demanda su función. Según registros oficiales, el gobernador ha estado fuera de su despacho durante 128 días, de los cuales 85 corresponden a licencias sin goce de haber, lo que ha generado cuestionamientos sobre su compromiso con la gestión regional. El politólogo Alejandro Mejía, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sostuvo que lo hecho por Acuña constituye una infracción a las normas electorales. "Está claro que se está utilizando su posición pública para promover una candidatura, lo cual va contra los principios establecidos por el JNE y el Código de Ética de la Función Pública", explicó. Mejía también criticó al Ejecutivo y al Jurado Nacional de Elecciones por su falta de firmeza ante estas situaciones. "Hay una permisividad preocupante. Las instituciones deben actuar para garantizar el respeto a la neutralidad del Estado. Lamentablemente, el temor a represalias y la falta de sanciones reales han permitido que este tipo de actos se normalicen entre funcionarios", concluyó.