El Poder Judicial impuso 36 meses de impedimento de salida del país a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco del caso Lava Jato. La medida fue dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras la solicitud del fiscal José Domingo Pérez. Villarán es investigada por presuntamente haber recibido más de 11 millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña por el ‘No’ a la revocatoria en 2013. Durante la audiencia, la exalcaldesa se allanó a la medida y negó tener intenciones de fugar del país. Afirmó que siempre ha permanecido en su domicilio y que ha cumplido con los controles electrónicos asignados. El juez ordenó también que Migraciones sea notificada para garantizar el cumplimiento de la resolución. La investigación fiscal señala a Villarán como líder de una presunta organización criminal que habría operado desde la Municipalidad de Lima entre 2013 y 2014. En este proceso también están implicadas 19 personas, y se han convocado 378 testigos. El juicio oral está programado para el 23 de septiembre de 2025, y será llevado a cabo por el mismo tribunal que sentenció al expresidente Ollanta Humala. En medio del proceso, el exgerente municipal José Miguel Castro, conocido como ‘Budían’ y aspirante a colaborador eficaz, fue hallado muerto en su domicilio. Su fallecimiento generó preocupación en Villarán, quien manifestó temor de ser falsamente vinculada con su muerte y denunció haber sido hostigada por el grupo radical “La Resistencia”. Villarán enfrenta cargos por lavado de activos en agravio del Estado, y el Ministerio Público busca demostrar que los millonarios aportes recibidos fueron producto de actos de corrupción vinculados al caso Lava Jato.