El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial dictar impedimento de salida del país por un periodo de 18 meses contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, así como contra otros funcionarios, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados a la contratación del servicio de transporte de material electoral para las elecciones generales de 2026. La solicitud fue presentada el 24 de abril por el fiscal provincial Raúl Martínez, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. La medida alcanza también a José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho. Según la investigación, existirían indicios de un posible acuerdo irregular entre funcionarios de la ONPE y la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., con el objetivo de direccionar la adjudicación del contrato para el transporte de material electoral a nivel nacional, cuyo monto superó los seis millones de soles. El caso está relacionado con el presunto delito de colusión agravada, debido a que, de acuerdo con la Fiscalía, durante el proceso de contratación se habría favorecido indebidamente a un proveedor, afectando la legalidad del procedimiento, el desarrollo del proceso electoral y generando un perjuicio económico al Estado. Asimismo, el Ministerio Público cuestiona los criterios técnicos aplicados durante la evaluación de las propuestas. En particular, se señala que el comité evaluador habría incorporado un parámetro adicional no contemplado claramente en las bases, al modificar la forma de calcular la capacidad de carga de los vehículos. Este cambio habría influido en la calificación final de las empresas participantes. Como resultado, la empresa Gálaga obtuvo la mayor puntuación técnica y se adjudicó el contrato, pese a que otra compañía, Hermes Transportes Blindados S.A., presentaba una oferta económica más favorable. Según el análisis fiscal, de haberse aplicado criterios distintos, esta última habría logrado una mejor calificación global. El contrato en cuestión fue firmado el 19 de marzo de 2026 y ascendió a S/ 6 368 332,70 para el servicio de transporte de material electoral en todo el país. La Fiscalía sostiene que el diseño del proceso de selección habría permitido favorecer a un postor específico, más allá de criterios objetivos de eficiencia económica. En cuanto al pedido de impedimento de salida del país, el Ministerio Público argumenta que existe riesgo de fuga. Entre los elementos considerados figura el hallazgo de un pasaporte vigente durante el allanamiento al domicilio de Corvetto, pese a que el investigado había entregado otros documentos de viaje. La Fiscalía considera que la existencia de este documento, sumada a la gravedad de los hechos investigados y a la capacidad económica atribuida al exfuncionario, incrementa la posibilidad de que pueda evadir la acción de la justicia. Por ello, plantea la necesidad de restringir temporalmente su salida del territorio nacional mientras continúan las investigaciones.