Los días de impunidad para Pablo Sánchez, fiscal supremo que hasta ahora había evitado investigaciones y sanciones por sus acciones cuestionadas, podrían estar llegando a su fin. La bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional en su contra, basándose en los favores que habría otorgado a Gustavo Gorriti, violando las normas vigentes. Los cargos que se le atribuyen incluyen **obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico**, relacionados con los hechos ocurridos el 10 de julio de 2018. Ese día, el entonces fiscal Rodrigo Rurush suspendió una diligencia de exhibición voluntaria de información en las instalaciones del Instituto de Defensa Legal (IDL) tras recibir una llamada de Sánchez. Aunque recientemente el caso fue archivado por la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, se han identificado graves errores en su investigación, como omisiones flagrantes. Entre ellas, se destaca que Sánchez no solo presionó a un funcionario de menor rango, sino que también actuó como un "cuello blanco" en los días posteriores al incidente en IDL. Según documentos congresales, el 12 de julio de 2018, Sánchez recibió a Gustavo Gorriti en la Fiscalía de la Nación, donde habrían acordado retirar la competencia de la investigación del caso "CNM Audios" (carpeta fiscal N° 243-2018) a la fiscal anticorrupción Norah Córdova, jefa inmediata de Rurush. Esto se materializó el 17 de julio, cuando se emitieron disposiciones que apartaron a Córdova y Rurush del caso, reemplazándolos por Sandra Castro y Rocío Sánchez. Este hecho es particularmente cuestionable, ya que el 8 de julio, Sánchez había informado públicamente que la competencia del caso recaía en la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Córdova. Este aparente uso indebido de poder para influir en el caso se suma a otro indicio: en octubre pasado, Juan Carlos Villena, quien investigaba a Sánchez, habría encontrado evidencia de componendas entre el fiscal supremo y Gorriti, incluyendo audios y videos publicados por el programa *Milagros Leiva Entrevista*. En la Junta de Fiscales Supremos, compuesta por Sánchez, Espinoza, Villena y Zoraida Ávalos, Espinoza logró su cargo gracias al voto de Sánchez. Meses después, archivó la investigación contra él, ignorando indicios clave y argumentando que no se había probado una amenaza concreta, según el Código Penal. Sin embargo, omitió el cargo de tráfico de influencias, que para muchos juristas era evidente. La denuncia también señala que Espinoza, en su rol de Fiscal de la Nación, archivó el caso a pesar de que Sánchez había utilizado su influencia para suspender la diligencia de Rurush, vulnerando la autonomía e independencia del Ministerio Público. Por otro lado, Gorriti, en un artículo publicado en el portal de su ONG, admitió que Sánchez intervino en la diligencia de Rurush, justificando su actuación como necesaria para evitar que el fiscal provincial actuara ilegalmente. Esta declaración ha sido interpretada como una confirmación de la injerencia indebida de Sánchez. Renovación Popular sostiene que estos hechos constituyen no solo obstrucción a la justicia, sino también tráfico de influencias y violación de la autonomía fiscal. La bancada cita el artículo 158 de la Constitución, que establece que jueces y fiscales tienen las mismas prerrogativas, y argumenta que el principio de jerarquía no puede anular la autonomía de los fiscales de menor rango. Además, se cuestiona que Sánchez, como fiscal supremo, tenía la facultad de nombrar y destituir fiscales provisionales, lo que habría utilizado para apartar a Rurush y Córdova del caso "Cuellos blancos" tras incomodar a Gorriti. La denuncia también hace referencia a un fallo del Tribunal Constitucional (Expediente 01642-2020-PA/TC-LIMA) que respalda la autonomía de los fiscales en sus investigaciones, lo que refuerza la acusación de que Sánchez incurrió en una infracción constitucional que podría llevar a su inhabilitación y separación del Ministerio Público. Finalmente, se señala que la conducta de Sánchez y Gorriti no sería un caso aislado, sino parte de un patrón observable en casos como Odebrecht, Ecoteva y "Cuellos blancos", donde las investigaciones fiscales se habrían filtrado selectivamente a través de medios como *IDL Reporteros*. En resumen, la denuncia de Renovación Popular busca exponer un presunto entramado de influencias y abusos de poder que habrían comprometido la integridad del sistema judicial y fiscal en el Perú.