Rafael López Aliaga afirmó recientemente que no mantiene deudas con la Sunat. Si bien esta declaración es correcta en cuanto a su situación como persona natural, registros oficiales evidencian que cuatro empresas vinculadas a él acumulan obligaciones tributarias impagas que superan los 19,7 millones de soles. Estas compañías, hoy dadas de baja, también figuran como “no habidas” en el padrón del ente recaudador. Según información revisada por La República, las empresas Peruval Corp S.A., Perú Hotel Monasterio, Peruval S.A. y Peruval Inmobiliaria, relacionadas con el patrimonio empresarial de López Aliaga, mantienen deudas coactivas vigentes desde al menos marzo de 2024. Los montos pueden verificarse públicamente en el registro de deuda coactiva de la Sunat mediante la consulta del respectivo RUC. Los documentos tributarios también registran cargos directos del candidato en dos de estas compañías: López Aliaga aparece como gerente general de Peruval Corp S.A., la firma con la mayor deuda (más de 12,9 millones de soles), y como apoderado de Peruval Inmobiliaria, que mantiene obligaciones por 665 mil soles. Asimismo, Peruval S.A. adeuda más de 5,1 millones de soles y Perú Hotel Monasterio supera el millón. Además de encontrarse dadas de baja de oficio, las cuatro empresas comparten la condición de “no habidas”, lo que implica que la Sunat no pudo ubicarlas en los domicilios fiscales declarados después de varios intentos de verificación. Esta situación ya se reportaba en 2024, cuando fuentes del organismo indicaron que los locales permanecían cerrados durante los procesos de cobranza, dificultando cualquier actuación coactiva. Debido a que las deudas recaen sobre las personas jurídicas y no sobre López Aliaga como individuo, este mecanismo habría continuado sin cambios. Especialistas consultados señalan que la condición de “no habida” suele asociarse a empresas sin actividad o en proceso de abandono. El abogado tributarista Benjamín Gutiérrez explicó que, al dejar de operar, algunas sociedades simplemente dejan de atender notificaciones o trasladan sus actividades a otras entidades, lo que puede derivar en la baja de oficio y en eventuales procesos de judicialización de las deudas ante el Tribunal Fiscal y, posteriormente, el Poder Judicial. En declaraciones anteriores, López Aliaga sostuvo que los montos atribuidos a sus empresas no se corresponderían con sus operaciones comerciales y afirmó encontrarse a la espera de aclaraciones del Tribunal Fiscal. No obstante, hasta el momento no se conoce si las deudas han sido llevadas a instancias judiciales ni si ha habido avances en la revisión de los conceptos cuestionados.