El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revocó la decisión de la Junta de Clasificación que destinaba al expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, ordenando su traslado al Establecimiento Penitenciario de Lurigancho para cumplir cinco meses de prisión preventiva por las investigaciones relacionadas con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Además, el INPE dispuso la formación de una nueva Junta Técnica de Clasificación, integrada por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social, para determinar definitivamente el centro penitenciario donde Vizcarra cumplirá la medida. La resolución del INPE, a la que accedió La República, señala que la asignación inicial de Vizcarra a Barbadillo, donde obtuvo un puntaje de 10 en su ficha de clasificación, fue irregular, ya que dicho penal no está contemplado en la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP como destino para procesados como el expresidente. El documento destaca un "vacío legal" en la asignación del penal y subraya la necesidad de garantizar la seguridad de Vizcarra, considerando que Lurigancho es más adecuado para este propósito. El INPE aclaró que la presidenta Dina Boluarte no tiene injerencia en las decisiones sobre el exmandatario y que la asignación a Barbadillo fue producto de irregularidades por parte de la Junta Técnica de Clasificación del penal de Chorrillos. El pasado 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra por el presunto delito de cohecho, argumentando falta de arraigo laboral y familiar, así como riesgo de fuga. Según la Fiscalía, Vizcarra habría recibido S/2.3 millones en sobornos de las empresas ICCGSA y Obrainsa para facilitar la adjudicación de los proyectos mencionados. Durante el juicio, Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, confesó haber entregado S/1 millón al expresidente por el caso Lomas de Ilo. La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión y 9 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.